El Gobierno gallego, a través de Turismo de Galicia, ven de solicitar a la Secretaría de Estado de Turismo a paralización del Real Decreto 933/2021, de 27 de octubre de 2021, relativo al registro de documental de viajeros que deben llevar los establecimientos turísticos. La nueva normativa iba a entrar en vigor a partir de 27 de abril , pero el rechazo del sector turístico suscitó una moratoria de la entrada en vigor hasta el próximo 1 de enero de 2023, una oposición con la que la Xunta está totalmente alineada.

En el escrito Turismo de Galicia rechaza no solo la propuesta si no también la manera en que se llevó a cabo a aprobación de la nueva normativa, sin transparencia ni diálogo con el sector turístico. Además, la nueva normativa supondría en la práctica pasar de recopilar 9 a 31 datos lo que se traduce en sobrecarga de trabajo para los profesionales del sector, tiempo extra para hacer el check in para los viajeros y necesidad de implantar procedimientos de seguridad para la recojida y custodia de los datos que, además, no son de carácter turístico.

Hace falta indicar, además, que esta recojida de información afecta a todas las tipologías de alojamientos y supondría cargas administrativas innecesarias y accesorias, que el sector considera inadmisibles, ya que se les exige también el almacén y custodia de datos sensibles, cuya recoja entra en conflicto con la LOPD, y que los establecimientos turísticos tendrían que almacenar durante 3 años. Además, el régimen sancionador incluido en el nuevo decreto incluye sanciones de hasta 30.000 euros a los establecimientos, que tienen la responsabilidad de la exactitud de los datos que se hagan constar, cuestión que parece absolutamente desproporcionada.

“Los alojamientos deben ofrecer un servicio de calidad, rápido y eficaz que, en muchas ocasiones no se podrá garantizar se deben recoger los 31 datos que se les exige, datos que nada tienen que ver con la actividad turística y que además obligará a disponer de un protocolo de protección de datos que exige unas medidas de custodia inaccesibles para la inmensa mayoría de los titulares de establecimientos turísticos”, explicó la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro.        

Es por esto que el Gobierno gallego solicita a la Secretaría de Estado de Turismo que se sienten a consensuar con el sector el anexo I del Real Decreto, proponiendo que este se limite a recoger los datos ya exigidos hasta el momento en el ejercicio de la actividad de hospedaje.