01 jul 2019

El 82% de las personas que comercializan viviendas de uso turístico en Galicia son pequeños propietarios con un único inmueble

 Román Rodríguez propone a la Fegamp mecanismos de colaboración entre la Xunta y los ayuntamientos para coordinar las competencias en los ámbitos turístico y urbanístico

El conselleiro de Cultura y Turismo hizo balance de esta tipología de alojamiento que se desarrolla con normalidad y garantías gracias a la regulación iniciada en 2017
 
El Gobierno gallego constata que se trata de una actividad de pequeños propietarios que no está generando incidentes destacables entre clientes ni residentes
 
Desde la entrada en vigor del decreto que las regula, se dieron de alta 8.541 viviendas de uso turístico y el resto de opciones de alojamiento incrementaron los viajeros
 
Demanda al Gobierno central medidas para armonizar las normativas autonómicas y la creación de un sistema que permita medir el número de usuarios de las VUTs
 
A través del servicio de inspección autonómico, se incoaron 53 expedientes, en la mayor parte de los casos por operar sin estar inscritas en el registro
 

 El conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, acompañado por la directora de la Agencia Turismo de Galicia, Nava Castro, hizo hoy balance de la actividad desarrollada por las viviendas de uso turístico, una tipología de alojamiento que desde hace dos años cuenta con una regulación específica en nuestra Comunidad. Entre las cifras expuestas, el conselleiro llamó la atención sobre el reparto de la propiedad de estos inmuebles, un dato novedoso y que constata que se trata de una opción mayoritariamente de pequeños propietarios. De hecho, el 82% de los gallegos que comercializan una vivienda de uso turístico cuentan con un único inmueble en alquiler. Esta cifra aumenta hasta el 93% en el caso de arrendatarios con una o dos viviendas. Así, solo un 7% de los propietarios disponen de más de dos en el mercado.

Esta fue una de las cifras más destacadas de la rueda de prensa alrededor de esta actividad que, a la vista de los resultados, Galicia está regulando con eficacia y normalidad. Esto, como afirmaron, permite que tanto las personas que ofrecen estos servicios como las que los contratan puedan hacerlo con garantías y con total seguridad jurídica para ambos.

“Las cifras confirman que en la Xunta acertamos cuando hace dos años decidimos regular las viviendas de uso turístico con sentidiño y de manera eficaz”, declaró el conselleiro sobre el decreto puesto en marcha en 2017. En este sentido, recordó que las comunidades autónomas tuvieron que regular este fenómeno a raíz de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada por el Gobierno central, que hace de las viviendas de uso turístico una modalidad particular, pues pueden alternar en distintos momentos su uso residencial, como vivienda habitual de un particular o de una familia, con el uso turístico.

El análisis efectuado por el Gobierno gallego muestra la gran dispersión en la distribución de las viviendas de uso turístico por el territorio, así como la dispersión en la distribución de su propiedad. “Contabilizamos más de 6.300 propietarios distintos que libremente deciden poner su primera o segunda vivienda en el mercado del alquiler turístico”. Es un dato, reflexionó, “que habla también de un modelo propio con sus características respecto a otras zonas”. Al mismo tiempo, es compatible con que el resto del sector afiance su desarrollo y garantiza la convivencia de usos, para lo cual faculta a ayuntamientos y comunidades de vecinos a establecer límites si lo consideran necesario.

Coordinación administrativa

En este sentido, Román Rodríguez avanzó su voluntad de continuar dando pasos, para lo cual ya trasladó una propuesta a la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) con el fin de facilitar la coordinación de las competencias turísticas y urbanísticas ejercidas por la administración autonómica y local. Como recordó, en el ámbito de actuación de los ayuntamientos están funciones como la de regular los usos a través de sus Plan Generales de Ordenación Municipal o constatar la legalidad urbanística.

“Tenemos un permanente contacto con los ayuntamientos en este ámbito –manifestó el conselleiro –, dado que cada vez que damos de alta una vivienda de uso turístico lo notificamos con una comunicación tanto al propietario como al ayuntamiento en el que operará”. La Xunta quiere ampliar esa colaboración en dos direcciones, para que lo que acaba de proponer a la Fegamp “la creación de un marco de colaboración que nos permita afianzar el modelo”, un hecho que, como avanzó, fue recibido con receptividad por este organismo.

Del mismo modo, la Xunta seguirá demandando mayor coordinación a nivel estatal en este ámbito. Para eso, reclama al Gobierno central marcos normativos en los que poder desarrollar las competencias autonómicas con seguridad jurídica, la unificación de criterios que permitan dar una respuesta común a una realidad dinámica y en constante evolución, y la generación de espacios de cooperación en los que poder prever y anticiparse a los rápidos cambios que experimenta, de forma generalizada, el sector.

Ante la disparidad de criterios entre comunidades autónomas, el conselleiro apostó por una armonización con un marco común mínimo que redunde en beneficio de todos, así como mayor colaboración por parte de las plataformas de comercialización online. Igualmente, volvió a solicitar el establecimiento de un sistema que permita medir la cifra de personas que emplean este tipo de alojamientos, algo inexistente en la actualidad.

Distribución en el territorio

El marco creado en Galicia, permitió en este tiempo regular 8.541 viviendas de uso turístico, una pequeña parte del parque de viviendas de la comunidad que, según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es de 1,6 millones de viviendas. Por lo tanto, solo el 0,53% tendrían como finalidad el uso turístico en estos momentos. Y también una cifra inferior a la de comunidades como Cataluña, que cuenta con alrededor de 80.000, de las que más de 18.000 operan solo en la ciudad de Barcelona.

En el caso de Galicia, el ayuntamiento más destacado es Sanxenxo, que supera las 1.600. A mucha distancia se sitúan O Grove, Barreiros, Foz, Cangas o Poio, todos ellos por debajo de las 300. Superan esa cifra tres de los destinos urbanos gallegos: Santiago de Compostela con 566 viviendas inscritas, Vigo con 310 y A Coruña con 296. “Solo el 18% de las viviendas de uso turístico se localizan en las siete grandes ciudades”, apuntaron.

La provincia de Pontevedra es la que cuenta con un porcentaje superior, el 47%, seguida de A Coruña (37%), Lugo (13%) y Ourense, que suma únicamente el 3% de los inmuebles.

Influencia en el sector

Sobre la repercusión en el resto del sector, el conselleiro recordó que las tipologías de alojamiento turístico que existían previamente (hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, cámpings y turismo rural) están incrementando su volumen de viajeros. En concreto, en el primer cuatrimestre del año recibieron un 3,2% más de turistas, que realizaron un 5% más de pernoctaciones, con lo que la subida de la ocupación por habitación fue del 6,4%. “Hablamos siempre de un crecimiento en cantidad, pero sobre todo en calidad”, recalcó el conselleiro, quien aludió a la mejora de los precios hoteleros o al aumento de la rentabilidad empresarial, de un 7,7%, “hasta los mejores niveles conseguidos esta década”.

“Por tanto, observamos que en Galicia existe una correcta convivencia entre las viviendas de uso turístico y el resto de tipologías de alojamiento, un modelo por el que debemos seguir trabajando”, declaró el titular de Cultura y Turismo de la Xunta.

Labor de inspección

El conselleiro también dio cuenta de la tarea inspectora desarrollada en este área, “una labor que tiene mucho de asesoramiento y de prevención a favor de un turismo de calidad”. Tras un período inicial, la Xunta incorporó las viviendas de uso turístico a su plan de inspección con el resto de opciones de alojamiento y servicios, actuando principalmente de oficio. En total, se incoaron 53 expedientes, con los cuales 30 ya fueron finalizados.

La mayor parte de los casos eran derivados de infracciones tipificadas como graves, en concreto por realizar la actividad de manera ilegal, sin estar inscritas en el registro autonómico. Solo un grupo reducido se motivaron por incumplir o alterar las circunstancias que motivaron la autorización para la actividad; efectuar cambios sustancias o no cumplir en la prestación de los servicios acordados, o emplear denominaciones, rótulos y distintivos diferentes de lo fijado en la normativa.

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